Al igual que otros muchos sectores, el de la construcción se está viendo afectado por el aumento de los costes de producción. La subida de los precios de los materiales ha provocado que este año en España se hayan quedado casi 2.000 obras públicas sin adjudicar, según la recopilación publicada a principios de mes por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
En la Región de Murcia, el número de licitaciones de obras desiertas asciende a 30 (13 por un importe inferior a los 500.000 euros, 11 de hasta un millón, y seis por un precio superior), cuyo importe alcanza los 31,5 millones de euros. Para Alejandro Zamora, secretario de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM), la no realización de estas obras está teniendo graves consecuencias en el tejido económico regional. Una de las más graves es la pérdida de casi 10.000 puestos de trabajo. «En el año 2021, teníamos unos 45.100 trabajadores en la construcción; y, en 2022, tenemos 35.400. Son 9.700, menos», explica a LA VERDAD. La siguiente consecuencia es que muchas empresas «se están quedando por el camino porque están asfixiadas». Por último, asegura que las obras financiadas con fondos europeos están viendo comprometida su ejecución. «Primero, porque muchas licitaciones se quedan desiertas; y, además, los precios tampoco son los adecuados para poder acometer esos proyectos».
REIVINDICACIONES DEL SECTOR
Para solventar esta situación, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) se ha unido a las reivindicaciones de la Confederación Nacional de la Construcción, a través de un escrito donde plasman una serie de peticiones con motivo de las dificultades que encuentran para la aplicación del Real Decreto-Ley 3/2022 del 1 de marzo. Un decreto que permite a las empresas solicitar a las instituciones públicas (Gobierno nacional, comunidades autónomas y ayuntamientos) una revisión de la cuantía del contrato. «Los tres decretos ley que se han publicado para revisar los precios de los contratos están siendo insuficientes para atender el problema, porque el 95% de las obras se quedan sin posibilidad de ser revisadas, ya que no alcanzan los umbrales mínimos», denuncia Alejandro Zamora. En el primer punto, solicitan que se elimine el umbral del 5%, con el propósito de permitir que un mayor número de obras de diferentes tipologías puedan acogerse a la revisión excepcional de los precios. En el segundo, reclaman que se compense el «desorbitado» coste de la energía, que ha aumentado un 84%, según recogió el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su índice de precios de materiales generales.
También solicitan que se les permita introducir otros materiales en el cálculo de la fórmula polinómica. ¿Por qué? Porque según el real decreto ley solo se puede pedir revisión de los precios de aquellas obras que incluyen materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre.
Además, quieren que se les autorice a llevar a cabo modificaciones técnicas en relación a los materiales –siempre y cuando no sea en detrimento de su calidad–, si el precio del que se iba a usar en primera instancia es muy alto. En cuanto a los tiempos, requieren que las obras que hayan estado en ejecución durante 2021 también puedan solicitar esta revisión; y que se establezca el silencio administrativo positivo ante la ausencia de una respuesta por el órgano tras cumplirse el plazo. Asimismo, también piden que se pueda compensar algo más que el 20% del contrato y que se añadan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras; y los contratos de suministros.
SOLICITUDES A LA COMUNIDAD
Por otra parte, FRECOM también exige a la Comunidad que se actualicen los precios de los materiales de los proyectos de la obra que vaya a salir a licitación; que se permita una prórroga de la ejecución del contrato; y que los nuevos pliegos administrativos y privados contemplen la revisión excepcional de precios, así como tener presente esta circunstancia cuando la coyuntura siga siendo adversa.
ANTES DE LA PANDEMIA
El principal motivo que ha provocado que las empresas no se postulen para las licitaciones de obra pública es el aumento de los costes de producción. Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del aluminio se ha incrementado un 55,42%; el bitum (asfalto), un 44,33%; los materiales cerámicos, casi un 40%; los siderúrgicos (acero), un 46,03%; el cobre, un 21,13% y la energía –el que más preocupa a los empresarios porque se suprime dentro del decreto a la hora de acceder a la revisión de precios–, que ha subido hasta un 84,41%. A partir de esos datos, la patronal ha realizado una estimación del impacto medio que el alza de los precios de los materiales y la energía está teniendo en las obras. En carreteras, según los índices de precios del INE, un 32%; en obras ferroviarias, un 22%; en portuarias, un 23%; en aeroportuarias, un 26%; en hidráulicas, un 19%; y en edificación, un 16%. «Los precios no dejan de subir, la incertidumbre en el sector empresarial es muy grande; o se toman medidas contundentes o lo vamos a notar en términos de empleo y actividad. Los precios de los materiales se han incrementado, de media, un 33%», reconoce Alejandro Zamora, secretario de la Federación Regional de Empresarios de Murcia (FRECOM).
Una de las razones, por las cuáles los precios de los contratos de licitación no se adecuan a los de los costes de los materiales de construcción es porque pertenecen a proyectos anteriores a la pandemia que no habían podido salir hasta ahora. «Los precios no se adecuan a la realidad y el único que puede regular esta situación es el Estado, y solo está poniendo parches».
DEMANDAS A LAS ADMINISTRACIONES
A pesar de que el Real Decreto-Ley 3/2022 se publicó el 1 de marzo, ninguna de las empresas murcianas que solicitaron la revisión del precio de sus contratos de licitación pública han recibido respuesta por parte de la administración pertinente y, por lo tanto, han emprendido acciones legales contra las mismas. «Lo que pedimos es que se revisen esas solicitudes para que los precios sean reales, se ajusten a lo que cuesta acometer un proyecto, y que no se deje desamparadas a las empresas», aclara Alejandro Zamora, secretario de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM). La realidad, indica, es que hay muchas empresas que han acabado recurriendo a la vía judicial ante el «silencio negativo de la administración». No obstante, todos los procesos continúan abiertos, por lo que aún no existe veredicto por parte de la Justicia.
NORMATIVA FARRAGOSA
Su deseo no es otro que las instituciones públicas cumplan con el decreto. «Todas las administraciones, con carácter general, no están llevando a cabo una revisión de precios y puede ser por dos motivos. Porque no saben llevarlo a cabo, puesto que la normativa es muy farragosa y muy poco transparente, o por dejadez de funciones».
Para Alejandro Zamora no tendría que ser necesario que la justicia intervenga «cuando está claro que la administración puede llevar a cabo la revisión». Cuenta, también, que muchas de las empresas han finalizado los proyectos a pérdidas con la esperanza de que se llevara a cabo esa revisión de precios y, sin embargo, esta no se ha realizado.
Como muestra, el retraso de esas 30 obras. La de mayor presupuesto (2,38 millones) es la del acondicionamiento y mejora de la carretera RM-C9 y su intersección con la carretera RM-503, en Sierra Espuña. Tras esta se sitúa la conexión peatonal y cicloturista del centro urbano de Molina de Segura con la huerta y la vía verde del Noroeste.
