La licitación de obra pública en la Región de Murcia alcanza los 218 millones de euros de inversión en los siete primeros meses del año

Según los últimos datos publicados por SEOPAN, correspondientes a los siete primeros meses del año 2021, la licitación de obra pública en la Región de Murcia ha alcanzado un volumen de 218 millones de euros, (218.062 €), de los que el 38% corresponden a la administración central, el 19,6% a la administración autonómica y el 42,3% a la administración local.

Estos datos suponen casi triplicar los registros del año 2020, aunque hay que tener en cuenta que el pasado ejercicio fue uno de los de menor inversión de toda la serie histórica. Además, los dos últimos meses del año 2021 se ha advertido cierta ralentización en el ritmo y volumen de licitación y sigue sin notarse de forma importante la llegada de los fondos europeos.

Si se proyectan estos datos al conjunto del año, FRECOM calcula una estimación de licitación en 2021 cercana a los 400 millones de euros, lo que supondría más que duplicar los datos de 2020.

Por administración licitante sigue siendo la local la que más peso representa, con 92 millones de euros, seguida de la estatal con 83 millones y finalmente la autonómica con 42,8 millones de euros.

FRECOM RECLAMA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA AMORTIGUAR EL IMPACTO DE LA EXTRAORDINARIA SUBIDA EN EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS.

Desde la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (FRECOM), reclamamos la puesta en marcha de mecanismos para reequilibrar económicamente los contratos y de esta forma asegurar su viabilidad.

Hasta el año 2007, cuando se reformó la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de los precios públicos era obligatoria. Desde entonces es discrecional. Y, de hecho, hoy en día es prácticamente una anomalía encontrar este tipo de cláusulas en los pliegos de contratación. Mientras que los precios de las materias primas varían, incluso de semana a semana, y los costes se encarecen, los contratos no se revisan.

Desde FRECOM solicitamos:

• Actuar con carácter urgente, en las obras en curso, habilitando una norma especial que, con carácter excepcional, permita resolver esta situación mientras persista la inflación.
• Para los nuevos contratos, incorporar, con carácter obligatorio, los mecanismos de revisión de precios recogidos en nuestra regulación en todos los pliegos de contratación, lo que requeriría modificar la Ley de Contratos del Sector Público
• La concesión de prórrogas de los contratos cuya ejecución se vea afectada por dificultades en los suministros de materiales esenciales.
• Que la administración admita la posibilidad de modificación o resolución del contrato habida cuenta del cambio de las condiciones contractuales.
• No aplicación de sanciones en caso de retrasos debido a interrupciones en la cadena de suministro que están fuera del control del contratista