La licitación ejecutada por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 8.222 millones de euros hasta el pasado mes de abril, lo que representa un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo del año pasado.
Pese a este avance de doble dígito, la actividad se ha moderado significativamente en el último mes, puesto que entre enero y marzo el volumen de licitaciones acumulaba un crecimiento del 45,8%, cifra que contrasta con el 22% al que ha pasado en el cuarto mes del año.
Desde FRECOM se demandan medidas más ambiciosas para hacer frente a la subida de precios de las materias primas y materiales de construcción. Creemos que el Real decreto ley supone un gran avance, pero lamentamos que muchos contratos de obra queden fuera, por ejemplo, aquellos que finalizaron antes de la entrada en vigor del mismo, lo cual es una grandísima injusticia.
Además, también es necesario incorporar la revisión de precios completa y no sólo los cuatro materiales básicos. Y como no, computar la energía. En palabras de José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia, no se debe olvidar “revisar el precio de los proyectos que vayan a salir a licitación para que sean costes reales”.
Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), las comunidades autónomas lideraron el crecimiento, con 2.772 millones de euros, un 39% más, seguidas de los ayuntamientos, que licitaron un 25% más (3.280 millones).
Por su parte, la Administración general limitó el alza al 3,5% (2.171 millones), puesto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las disminuyó un 11%, una caída que en abril no pudo compensar el limitado crecimiento del 2% en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De hecho, en este último Ministerio, la única entidad pública que consiguió incrementar sus licitaciones fue Adif, un 36%, frente al descenso del 72% de la Dirección General de Carreteras, del 54% de Aena o del 3,4% de las autoridades portuarias.
En cuanto a las comunidades, Madrid fue el principal licitador, con más de 1.000 millones de euros, casi tres veces más, seguida de Andalucía, con 334 millones y en línea con las del año pasado; y de Castilla y León, con 200 millones, casi el triple.
En términos porcentuales, las que más incrementaron el importe licitado fueron Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Cantabria, en este orden, todas con un crecimiento superior al 100%.
También crecieron, aunque menos, en Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y La Rioja. Por el contrario, seis regiones las disminuyeron: Extremadura, Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias y Andalucía.
