FRECOM exige al Gobierno de España medidas directas para la construcción ante el alza de costes por la guerra con Irán
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) ha denunciado la exclusión del sector de las medidas de apoyo contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno de España en respuesta al impacto económico de la guerra con Irán. Mientras otros sectores se benefician de un descuento de 20 céntimos por litro de combustible, la construcción —un sector estratégico, primer creador de empleo y clave para resolver la crisis de vivienda— queda fuera de cualquier medida directa.
El presidente de FRECOM, José Hernández, afirma que “el Gobierno de España ha dado la espalda a la construcción en un momento clave para el sector y para la economía del país”.
Hernández, también ha señalado que “no se puede volver a dejar fuera a la construcción como ha ocurrido con este Real Decreto-ley; necesitamos una respuesta específica y urgente para evitar que muchas obras dejen de ser viables”. Hernández también ha recordado que los costes energéticos representan en torno al 30% del total del sector y hasta el 40% en maquinaria. “La maquinaria pesada para la construcción de vivienda es tan dependiente del combustible como los tractores o los barcos de pesca”, ha concluido.
El petróleo sube un 30% y arrastra materiales y logística
Desde la guerra con Irán, el precio del barril ha pasado de 79 a más de 102 dólares, un incremento cercano al 30%. Este encarecimiento impacta directamente en los costes de fabricación, transporte y logística. Materiales como el acero corrugado han subido entre 10 y 20 euros por tonelada en una semana, el aluminio ha alcanzado máximos de cuatro años con subidas próximas al 8,5%, y los asfaltos y productos bituminosos —directamente ligados al petróleo— acumulan las subidas más preocupantes.
Revisión de precios en contratos públicos, una demanda urgente
FRECOM exige que el Gobierno estudie de forma inmediata una revisión excepcional de precios en los contratos de obra pública, tal y como se aprobó con motivo de la guerra de Ucrania, incorporando mejoras a partir de la experiencia acumulada. En palabras de Hernández, “la experiencia anterior demostró que, cuando los costes se disparan de forma extraordinaria, es imprescindible habilitar mecanismos de revisión; de lo contrario, lo que se produce es la paralización de obras, licitaciones desiertas y una creciente inseguridad jurídica”.
La patronal propone un sistema de revisión de pecios eficaz y aplicable al conjunto del sector, evitando las limitaciones que dejaron fuera a muchas empresas y contratos. Para ello, la Federación plantea que la revisión de precios no esté sujeta a umbrales mínimos, que se aplique de forma homogénea en todas las administraciones y que tenga efectos desde el inicio y durante toda la ejecución de los contratos.
La Federación advierte de que, si no se actúa con urgencia, el sector podría enfrentarse a una nueva etapa de tensiones económicas que comprometan la ejecución de obras, pongan en riesgo el empleo y lastren la respuesta a la crisis de acceso a la vivienda que vive España.
