El alza de los precios de los materiales asfixia a las empresas y paraliza la obra pública
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción ha participado en el Consejo de gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción donde, por parte de todas las territoriales que representan los intereses del sector, se ha puesto de manifiesto la grave coyuntura que están atravesando las empresas de obra pública por el incremento de precios de las materias primas y materiales de construcción y que, en algunos casos, como el acero o el petróleo, supera el 100% de incremento.
Como puso de manifiesto el reciente informe de CNC, desde septiembre, los materiales básicos de los que se sirve el sector se han encarecido de media en un 22,2%, obligando al 75% de las compañías a tener que retrasar las intervenciones y rechazar los nuevos proyectos.
Ha sido tras dejar licitaciones desiertas en muchas comunidades autónomas, cuando el Ejecutivo se ha planteado hacer frente a esta situación, especialmente con la inminente llegada de la mayor parte de los Fondos Europeos.
Todo el sector se encuentra expectante ante el anuncio aparecido en medios de que el Ejecutivo estaría ultimando un real decreto para compensar a las empresas constructoras por la subida de precios de materias primas y materiales. Aunque no es oficial aún, en la elaboración del texto estarían involucrados los ministerios de Economía, Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Se trata de una reivindicación que FRECOM lleva haciendo desde hace meses tanto a nivel regional y local, como a nivel nacional, desde la Confederación Nacional de la Construcción. Según la Patronal, hasta el año 2007, cuando se reformó la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de los precios públicos era obligatoria. Desde entonces es discrecional y, hoy en día, es prácticamente una anomalía encontrar este tipo de cláusulas en los pliegos de contratación. Mientras que los precios de las materias primas varían, incluso de semana a semana, y los costes se encarecen, los contratos no se revisan.
El Ejecutivo estaría diseñando una fórmula que permitirá volver a la situación previa a la Ley de Desindexación, que eliminó la actualización de los pagos en las licitaciones públicas que corría a cargo de la información oficial actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
