Inmobiliario: ¿se está repercutiendo en el cliente el pago del impuesto hipotecario?

La modificación legal establece que "cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará como sujeto pasivo al prestamista".

Fueron semanas de sorpresa y confusión que se resolvieron con la intervención del Gobierno. La estupefacción comenzó el pasado 18 de octubre, con una sentencia del Tribunal Supremo que causó un importante revuelo. Con ella cambiaba la jurisprudencia que se había ido conformando: debían ser los bancos y no los clientes los que tenían que abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

 

Ni un mes duró la nueva doctrina. El 6 de noviembre, el Alto Tribunal se desdijo y volvió a cargar en el prestatario el pago del impuesto, que tiene un tipo entre el 0,5 y el 1,5%, en función de la comunidad autónoma y que hace de España el país de Europa en el que es más elevado.

 

En Madrid, para una hipoteca de 134.000 euros, importe medio a noviembre del pasado año, según el Consejo General del Notariado, este impuesto tiene un coste de 670 euros, al situarse en el tipo más bajo de España, el 0,5%.Tras estas dos sentencias, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió actuar.

 

Lo hizo dos días después del segundo fallo, con el anuncio de la modificación vía decreto de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. "Nunca más los españoles pagarán este impuesto, lo hará la banca" aseguró el presidente del Gobierno, que instó además a las entidades a no encarecer sus productos para cubrir costes.Lo que se produjo fue una modificación del artículo 29 de la ley, con la que se añadía una frase que lo cambiaba todo: "Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará como sujeto pasivo al prestamista".

 

"El decreto ley del Gobierno hay que leerlo en clave de táctica política y en defensa del previsible desembolso que hubieran tenido que hacer las comunidades autónomas para devolver a los ciudadanos el impuesto de AJD", explica Enrique Benavides, gerente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE)."Lo que hace la norma es incrementar las ganancias de la Administración", advierte Rodrigo R. López, socio director de la firma Afectados Fraudes Financieros. Y lo hace de dos formas. Primero, "el tipo impositivo que pueden pagar las entidades es mayor que el que se pueden permitir las personas físicas", por lo que incrementar el gravamen no estaría tan mal visto y las autonomías recaudarían más. Segundo, "si el que paga es una persona física lo puede deducir en el IRPF, pero el decreto dice que las sociedades no podrán hacerlo".

 

https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2019/01/25/5c49e6b6fc6c83903f8b459e.html