El Supremo decidirá el 5 de noviembre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas

Lesmes asegura que el presidente de la Sala Tercera y los jueces del tribunal sentenciador han actuado con «independencia y profesionalidad» para reconducir la grave crisis institucional generada

El Tribunal Supremo ha convocado para el próximo lunes 5 de noviembre el Pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) que deberá decidir quién paga el impuesto sobre las hipotecas tras la sentencia de la Sección Segunda del pasado jueves, que atribuye a la banca y no al cliente particular el abono de este tributo, como ocurría desde hace años.

La fecha del Pleno que reunirá a los 31 magistrados de la Sala Tercera para dirimir el criterio jurisprudencial se conoció este lunes tras concluir la reunión de urgencia convocada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, con los seis miembros del tribunal sentenciador que componen la Sección Segunda, competente para ver cuestiones tributarias, y el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.

Lesmes decidió intervenir en el conflicto generado en la Sala Tercera a cuento de la sentencia sobre el abono del impuesto de las hipotecas y la inaudita situación generada por la decisión de Díez-Picazo de suspender a posteriori el «giro radical» que la citada sentencia de la semana pasada producía en la jurisprudencia aplicada hasta ahora.

En la reunión han estado presentes Lesmes, el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes, Díez-Picazo y los seis magistrados que componen la Sección Segunda: el presidente Nicolás Maurandi, Ángel Aguallo, José Díaz Delgado, Francisco José Navarro, Jesús Cudero -ponente del fallo- y Dimitry Berberoff, el único de los seis que formuló un voto particular contrario al sentir mayoritario de sus compañeros.

Ha sido una reunión para hacer balance de daños y «analizar la situación» después de que el presidente de la Sala Tercera dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo, según señalaron fuentes jurídicas.

La reunión ha sido de carácter interno y no tiene trascendencia jurisdiccional, pero trata de apaciguar las aguas revueltas entre Maurandi y el propio Díez-Picazo, dado su fuerte impacto económico y social y la mala imagen generada del Supremo. En una nota posterior, Lesmes ha asegurado que los afectados «han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso».

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